Las consecuencias del fraude eléctrico las pagamos todos

Las consecuencias del fraude eléctrico las pagamos todos

En los últimos años han incrementado exponencialmente el número de fraudes detectados por las distribuidoras eléctricas. Hay datos que apuntan a que alrededor de un 90% de los fraudes son realizados por empresas. El resto por particulares, una parte de ellos ocupas ilegales sin contrato.

Para los pequeños usuarios, es otro cuento, dado que las multas rondan los 1.500 euros dependiendo del tiempo transcurrido y el consumo estimado estafado. Estas penalizaciones pueden variar según la potencia contratada, suponiendo el corte del suministro eléctrico y quizá hasta tener que volver abonar los peajes de acceso y tener que dar de alta otra vez el suministro de la luz con los trámites que supone.

Una vez abonada la multa, y el contador revisado y regularizado por la empresa distribuidora, el usuario podría proceder a contactar con la comercializadora eléctrica para volver a solicitar el alta de la corriente.

Pero… ¿Qué es exactamente el fraude eléctrico?

Es cuando se comete un delito en el ámbito eléctrico. Pueden ser tanto los que ocurren sobre la red distribuidora como, por ejemplo, conectar enganches directos sin haberse suscrito a ningún contrato, como los que se producen directamente sobre los equipos de medida, manipular el contador, el interruptor de control de potencia, etc.

Consecuencias del fraude eléctrico para todos

Todas estas acciones repercuten directamente en tu bolsillo y en el de todos los consumidores que sí que cumplen con sus obligaciones.

La energía que se genera en las centrales es superior a la demanda de electricidad por los usuarios. Esto ocurre porque al generar la energía siempre se tiene en cuenta el calentamiento del cableado, y da por hecho los fraudes eléctricos y la energía perdida, teniendo que ser proporcionalmente igual la generación a la “demanda”.

Cuando hay una gran diferencia entre la energía que se genera y la solicitada, los que sufragan los gastos de estas pérdidas de red son los consumidores que ven engrosadas sus facturas de la luz. Esto supone anualmente para el estado español millones de euros. Mucha gente no quiere pagar facturas para beneficiarse, y lo que provocan es que las otras personas que sí que están haciendo frente a las suyas, sean más elevadas, es el pez que se muerde la cola.

Además, no hablamos solo de consecuencias económicas, sino de seguridad. Por ejemplo, al realizarse enganches o manipulaciones ilegales sin los estándares preestablecidos, puede haber riesgos para la seguridad y la salud de las personas ocasionando accidentes graves como provocar incendios, electrocución, etc. Tanto para los responsables como las personas cercanas.

Proyecto de la CNMC para combatir el fraude

La comisión nacional de los mercados y de la competencia ha realizado una propuesta para reducir los fraudes actuales:

  • Inspecciones obligatorias por parte de las distribuidoras.
  • Incentivos para los distribuidores que persiguen el fraude eléctrico
  • Mejora del método de cálculo de la energía defraudada
  • Mayor sanción para los puntos de suministro de un consumo elevado, es decir empresas y grandes locales.

En conclusión, hemos de tener en cuenta que el fraude eléctrico siempre supondrá un coste extra para las distribuidoras que se repartirá entre todos los usuarios, por lo tanto, es responsabilidad de todos.

Gestión de acometida: ampliación de potencia disponible.
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